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Civil, Penal

Cualquier conductor que tenga que parar en un control de alcoholemia disfruta de una serie de derechos a los que acogerse, pero debe ser consciente de cuales son sus obligaciones y cumplirlas en todo momento. Y es que de este buen cumplimiento depende el buen transcurso de la prueba así como cualquier recurso posterior.

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La primera obligación es, por supuesto, detenerse y someterse al control, aunque existen excepciones que pueden impedir realizar la prueba en ese momento, como por ejemplo sufrir una enfermedad o lesión, en cuyo caso deberemos ser trasladados a un centro sanitario y allí nos realizarán un reconocimiento médico y el análisis. En caso de negarnos al control, incurriríamos en un delito penal, recogido en el Artículo 383 del Código Penal español.

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Una vez detenidos, los agentes nos comunicarán que debemos realizar la prueba, y para ello nos facilitarán una boquilla de un solo uso. Finalizada la prueba, nos comunicarán el resultado de la misma, que marcará los siguientes pasos y supuestos:

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  • Si el resultado de la prueba es inferior al máximo permitido, los agentes permitirán que continuemos nuestra ruta.
  • Si el resultado es superior, nos repetirán la prueba al menos 10 minutos después de la primera.
  • Si la segunda prueba es inferior al máximo permitido, podremos continuar la marcha.
  • Si la segunda prueba es superior, los agentes nos denunciarán e impedirán que sigamos conduciendo el vehículo hasta que el resultado baje del máximo permitido, pudiendo ser conducido por otro conductor que no supere este límite.
  • Si no aceptamos el resultado de la prueba, tenemos el derecho de pedir ser trasladados a un hospital para que nos realicen un análisis de sangre, pero tendremos que pagar esta prueba si el resultado continúa siendo positivo.
  • Si damos positivo y no hay otro conductor que pueda hacerse cargo del vehículo, los agentes podrán inmovilizarlo y hasta retirarlo si dificulta la circulación. El conductor se deberá hacer cargo del gasto de la inmovilización o el traslado del vehículo en caso de que sea necesario.
  • Si el resultado de la prueba sobrepasa el límite estipulado para que sea delito, los agentes nos podrían trasladarnos a comisaría para prestar declaración, trámite que deberemos realizar ante un abogado. Pero lo habitual, es que una vez realizadas las pruebas y si estamos plenamente identificados y disponemos de domicilio conocido, nos permitan marcharnos, previa citación para que acudamos al Juzgado un día concreto para prestar declaración; y tras lo cual, celebrar en el seno de lo que se conoce como juicio rápido, un intento de conformidad que evitaría la celebración de juicio.
  • Por ello es muy importante tener siempre el contacto de un abogado de confianza al que poder llamar en caso de urgencia. En BFP Abogados, nuestros profesionales responderán a su urgencia y se presentarán en comisaría para defender en todo momento sus derechos.

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Es importante ser conscientes que desde que en el año 2014 cambiase la Ley de Seguridad Vial, con la aplicación de la Ley 6/2014 de 7 de abril, las multas por conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas son mucho más severas, con dos tipos de sanciones diferenciadas:

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Sanciones por vía administrativa

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Son aquellas que implican una multa económica, dependiendo de la cantidad del resultado de la prueba:

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  • Entre 0,25 y 0,50 mg/l en aire espirado para los conductores del grupo general y de 0,15 a 0,30 mg/l para profesionales y conductores noveles, la multa será de 500€, así como la pérdida de 4 puntos del carnet de conducir.
  • Más de 0,50 mg/l en aire espirado para los conductores del grupo general y más de 0,30 mg/l para profesionales y conductores noveles, la multa llegará a los 1.000€, y supondrá la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir.
  • Por último, en caso de que el conductor hubiese sido reincidente durante el año anterior, estas cantidades se pueden duplicar.

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Sanciones por vía penal

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Se trata de aquellas que, por la cantidad registrada en la prueba, implica que el conductor pase a disposición judicial. Serán los agentes que realizaron la prueba los que comuniquen el resultado al juzgado, siendo citado el conductor a un juicio rápido, y pudiendo ser detenido si así lo estiman los agentes.

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Esta disposición se realiza siguiendo el Artículo 379 del Código Penal, que indica que el conductor será castigado “con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”, recalcando en su Punto 2 que “en todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro”.

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Por último, es muy importante señalar que si el conductor reconoce los hechos en el juicio rápido, se le puede reducir la condena en un tercio, tanto en la cantidad económica como en el tiempo de retirada de carnet.

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Pero por supuesto, la primera medida que recomendamos desde BFP Abogados es evitar el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes antes de ponerse al volante de cualquier vehículo. En cualquier caso, desde BFP Abogados garantizamos la defensa de nuestros clientes ante cualquier supuesto, y estamos a su entera disposición para cualquier urgencia y responder a sus necesidades cuando requieran de nuestros servicios.

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