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Civil

Hoy hablaremos de las sociedades civiles privadas (SCP) las cuales si bien es cierto que tienen ciertas ventajas sobre otro tipo de sociedades, como puede ser su rápida y poco costosa constitución, ya que no requiere de ninguna formalidad, la misma presenta ciertas desventajas, como es la responsabilidad ilimitada del socio, el cual, puede responder con su patrimonio personal de las deudas contraídas por la sociedad en su actividad empresarial.

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Por ello, nos centramos en un caso que llevó este despacho en el ámbito de las máquinas recreativas, en la que esta vez, los demandados eran una SCP y su representante legal, el cual se había comprometido en el contrato a ser obligado solidario de determinadas cuantías en caso de incumplimiento contractual.

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Ante el incumplimiento contractual llevado a cabo, se dictó Sentencia por la que se condenaba a la parte demandada a abonar a nuestro cliente la cuantía de 34.486,11 € desglosados en las siguientes cuantías: 2.601,70€ correspondientes a la parte no satisfecha del préstamo se otorgó a los demandados; 3.444,41€ correspondientes a la parte proporcional del periodo de exclusiva incumplido de la contraprestación por la cesión de los derechos de exclusiva y 28.440 € como indemnización por daños y perjuicios, de los cuales, estos último, respondería solidariamente el socio de la S.C.P. 

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Posteriormente, se tuvo conocimiento de que dicha SCP estaba formada por otro socio más, y que ambos habían procedido de forma irregular a disolver la misma, frustrando así la ejecución de Sentencia presentada por nuestros abogados a fin de obligarle a su cumplimiento. En consecuencia, solicitamos que se ampliará la obligación de pago al otro socio en virtud del art. 544 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el cual permite la ampliación de la ejecución contra los socios de una sociedad sin personalidad jurídica; habiéndonosla otorgado el Juez.

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Les dejamos el link de las sentencias para que puedan leerla:

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Para cualquier cuestión adicional, os invitamos a contactarnos para una visita presencial en cualquiera de nuestros despachos, o mediante correo electrónico a info@bfpabogados.com

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Civil

Queridos amigos,

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En una ocasión anterior, explicamos la incapacidad judicial de una persona como método de protección de la misma. A modo de recordatorio, indicar que según la situación en la que se encuentre la persona, podemos obtener una incapacidad absoluta o total o bien una incapacidad parcial.

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Os explicamos hoy el caso de unos clientes, dos hermanos, que vinieron a nuestro despacho para asesorarse sobre cómo actuar ante la situación de su madre, una mujer de 68 años que desde hacía años padecía Alzheimer, el cual con el paso de los años se había ido acentuando hasta llegar al punto de que la mujer no podía estar sola, ni requería de ayuda para todos los quehaceres de su día a día. 

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Tras el consejo de nuestros abogados, interpusimos una demanda de juicio verbal solicitando la incapacidad absoluta de la señora y se otorgarse el cargo de tutor a uno de sus hijos que vivía con ella y venía encargándose desde hacía tiempo de ayudarla en las tareas diarias.

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Finalmente, tras el estudio de las pruebas aportadas por nuestros abogados y de la exploración médico forense que se realizó de la señora, se pudo determinar que la misma padecía un grave deterioro cognitivo, resultando un pronóstico irreversible e incurable; dictándose en consecuencia, una sentencia que decretaba la incapacidad total de la señora, otorgándole una tutela, cuyo cargo fue atribuido a su hija tal y como se solicitaba.

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Si os encontráis en una situación parecida, no dudéis en poneros en contacto con nuestro despacho, donde nuestros abogados especialistas os ofrecerán un asesoramiento minucioso y os guiarán hacía el camino correcto.

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Les dejamos el link de la sentencia para que puedan leerla:

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abogado

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Civil

Queridos amigos,

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Hoy os vamos a hablar de la solidaridad en el pago de las deudas, un término del que seguramente, habéis oído hablar en infinidad de ocasiones, pero que no sabéis a que hace referencia.

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El pago solidario viene recogido en el artículo 1.145 del código Civil y hace referencia a la posibilidad de pago de la deuda por uno de los codeudores, extinguiéndose así la obligación; y pudiendo posteriormente, el que hizo el pago, reclamar al resto de codeudores la parte que a cada uno de corresponda y con los intereses del anticipo.

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Un ejemplo es una de las importantes y recientes Sentencias obtenidas por los abogados de nuestra marca, BFP Abogados, en que se consiguió que se decretára la resolución del contrato por incumplimiento y se condenara a la propietaria del bar incumplidora del contrato, a pagar la suma de 60.653,67 €, más los intereses y las costas procesales.

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Dicha cuantía debe ser abonada de forma solidaria junto con la otra demandada, la cual, en el contrato se comprometía solidariamente con la propietaria al pago de las cuantías correspondientes en caso de incumplimiento del contrato.

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Les dejamos el link de descarga de la sentencia para que puedan leerla:

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Para cualquier cuestión adicional, os invitamos a contactarnos para una visita presencial en cualquiera de nuestros despachos, o mediante correo electrónico a info@bfpabogados.com

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Civil, Familia

En este caso vamos a hablar de que se puede hacer a fin de proteger los intereses de un familiar que padezca alguna enfermedad de carácter físico y/o psíquico que haga necesaria la ayuda de una tercera persona para el desarrollo de su vida diaria, ya que no puede gobernarse por si mismo.

Así pues, hay que partir de la base de que el Código Civil, indica en su art. 200 que “son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a una persona gobernarse por sí misma”. Por tanto, ante una situación de tal calibre, que nos haga prever un riesgo para esa persona en su ámbito personal y/o patrimonial, se puede instar por cualquier familiar, una demanda solicitando se decrete la incapacidad de nuestro familiar y podemos optar entre dos opciones.

Según el caso:

 

1. Se le nombre un TUTOR, el cual actuaría como representante legal de la persona incapacitada, sustituyéndola en la toma de decisiones, actuando en el ámbito tanto personal como patrimonial, ante una incapacidad total de la persona.

 

2. Se le nombre un CURADOR, el cual actuaría complementando la capacidad limitada de la persona incapaz, la cual no pierde su capacidad de obrar; actuando y asistiendo a la misma en aquellos actos de carácter económico, ante una incapacidad parcial.

 

Con relación a ello, os presentamos una sentencia favorable con las peticiones de nuestra clienta, la cual solicitaba que su hijo (mayor de edad) el cual padece una esquizofrenia aguda desde hace años, fuese declarado incapaz. Así pues, tras el apoyo de nuestra petición por parte del Ministerio Fiscal, el Juez Decreto acordar la incapacidad parcial del hijo de nuestra clienta, otorgando dada la avanzada edad de la misma, la curatela a la Fundació Malalts Mentals de Catalunya, en cuanto a la gestión y administración de su patrimonio como en el cuidado de salud y seguimiento del tratamiento médico correspondiente; tal y como podéis ver en el siguiente link.

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Para cualquier cuestión adicional, os invitamos a contactarnos para una visita presencial en cualquiera de nuestros despachos, o mediante correo electrónico a info@bfpabogados.com

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Civil

Buenos días,

Nos gustaría comentar una nueva Sentencia estimatoria para nosotros en relación al incumplimiento contractual de un contrato de instalación y explotación de máquinas recreativas y de azar; un tema tratado a menudo por este despacho, como especialistas en la materia.

 

Los contratos de instalación y explotación de máquinas recreativas se basan, al igual que en cualquier contrato, en obligaciones recíprocas por las partes.
Así en este tipo de contratos, el bar en cuestión se obliga a ceder de forma exclusiva durante el tiempo que se acuerde, el derecho a instalar y explotar máquinas recreativas solamente a la empresa operadora con la que contrata; repartiéndose entre ambas, según el porcentaje acordado, la recaudación de las máquinas.
A cambio, por lo general, la empresa operadora hace entrega de un préstamo que deberá ser devuelto mediante la entrega de la recaudación que pertenezca al bar hasta su total devolución y en muchas ocasiones, una cuantía a cambio de la exclusiva, que será a fondo perdido siempre y cuando se cumpla por parte del bar con lo pactado.

 

Ante el incumplimiento contractual, según el art. 1124 del Código civil, la parte cumplidora puede optar bien por exigir el cumplimiento del contrato a la parte incumplidora, bien resolver el mismo, con la correspondiente indemnización por daños y perjuicios en ambos casos.

 

Pues bien, en este caso, nuestro cliente es una importante empresa dedicada a la explotación de máquinas recreativas y de azar, la cual, a cambio de la instalación y de la explotación en exclusiva de las mismas en bares, hace entrega de una cuantía de dinero en concepto de préstamo, el cual debe ser devuelto mediante entregas periódicas de un porcentaje de la recaudación de las máquinas.

 

En el caso que hoy os comentamos, nuestro cliente suscribió un contrato con el propietario de un bar, por un periodo de 5 a años, haciéndole entrega de la cuantía de 6.000.-€ de préstamo, el cual debía de ser devuelto mediante la entrega de la recaudación semanal, y con un mínimo de 100.-€ a la semana.

Tras el inesperado cierre del bar, pasados tan solo 9 meses desde la suscripción del contrato, y habiendo devuelto tan solo 303.-€ del préstamo, nuestros abogados interpusieron demanda por incumplimiento contractual del propietario del bar, solicitando se declarase resulto el contrato, y se condenase al mismo al pago de la cuantía pendiente del préstamo (5.697.-€), más la cuantía de 45.990.-€ en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

 

El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Terrassa, dio la razón a esta parte, estimando probado el incumplimiento contractual del bar alegado por esta parte, y condenado así al mismo a pagar las cuantías solicitadas, es decir, un total de 51.687.-€, más los intereses legales y las costas del procedimiento, tal y como podéis ver mediante el siguiente Link, que os da acceso a la Sentencia.

 

Sentencia 44-2018


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Civil

EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y LA OBLIGACIÓN DE HACER COMO PASO PREVIO A LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL.

En nuestro ordenamiento, la regulación del incumplimiento contractual es abundante, como no puede ser de otra forma. Y ello, viene determinado, por la esencia de nuestro derecho civil, que es el derecho de obligaciones.

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El incumplimiento contractual se regula en nuestro ordenamiento en el código civil, concretamente en el art. 1124 que establece:

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“La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos.”


Articulo 1124

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En estos casos los letrados optamos por directamente escoger esta vía a la hora de actuar contra el incumplimiento de otra parte.  Y en muchos casos es la mejor opción, sobretodo, cuando el incumplimiento es el impago de una cantidad de dinero.  Pero que ocurre, cuando el incumplimiento no es el pago, y es por ejemplo, inacabar una obra o servicio, o no completar alguna acción implícita al contrato.

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En la práctica forense, nos encontramos que directamente las partes optan por exigir la indemnización derivada del artículo mencionado.  Y ello aboca a un procedimiento, que se complica, ya que la única opción de defensa del contrario es acreditar que si a cumplido.  Y esto lleva a un pleito arriesgado, donde el que consiga probar el incumplimiento o no será el que lo gane.  Asimismo, estos pleitos son normalmente más costosos y largos, al ser procedimientos ordinarios.

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Pero y si antes de iniciar el proceso vía artículo 1124 CC se explorara la posibilidad de interponer una demanda más sencilla en el que se exija que el incumplidor haga lo que se le pide, con una demanda de juicio verbal con una valoración de la acción inferior a 2000 Euros.

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Un juicio verbal de menos de 2.000 Euros, tiene los siguientes beneficios:

  1. La particularidad de no requerir abogado ni procurador.
  2. En caso de personas jurídicas, abonar una tasa sustancialmente menor que la tasa que se abonaría por un juicio ordinario.
  3. Asimismo, es más rápido y puede provocar incluso la inacción de la contraria por la poca cuantía que se declara al pleito.
  4. La parte contraria solo tiene 10 días para preparar la contestación.
  5. Y la vista se señala más rápido, normalmente en un 2-3 meses desde la interposición.
  6. Las consecuencias pueden tener una gran trascendencia, ya que se puede obtener una declaración de suma importancia, como es que la otra parte haga algo que no quiere hacer.

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Imaginemos que un constructor se obliga a realizar una obra en un piso que consiste en la reforma integral del mismo. Y cuando acaba, el promotor comprueba que existen diversos defectos constructivos, como la instalación de un pavimento inadecuado, y de otro tipo. Y como consecuencia de esto no acaba pagando la cantidad total, reteniendo una parte, que el valora en 10.000 Euros. Esta situación en la mayoría de los casos, acaba en un pleito complicado, normalmente juicio ordinario, en el que una parte reclama el dinero, y la otra se defiende alegando los defectos constructivos para no hacerlo.

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Pero y si analizáramos que podríamos hacer para evitar el pleito complicado. Normalmente, lo primero que harían los abogados sería remitirse burofaxes reflejando ambas posturas.

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Pero y si el promotor remite una demanda de juicio verbal reclamando al constructor que realice las reparaciones necesarias o cambios en la obra, y valora esta obligación de hacer en una cuantía inferior a 2000 Euros.

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Es una demanda sencilla, y que no requiere procurador, por tanto, el coste sería el del abogado.  Pero este coste, también se tiene cuando se envía un burofax, ya que el abogado cobrará honorarios por realizarlo. Asimismo, un burofax no es una simple carta, y un buen abogado, antes de enviarlo deberá analizar toda la documentación y redactarlo, llevará el mismo tiempo que la demanda.

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Asimismo, el burofax se envíe por Correos o por otro de los operadores, tendrá un coste de entre 30 y 40 Euros. La demanda es sin costes, si no se es persona jurídica. Si es persona jurídica, tasa será de 137,75 Euros.

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La demanda que se presenta tardará en recibirla el contrario en un plazo de entre 1-2 meses y le obligará a actuar con rapidez ya que solo tendrá 10 días hábiles para actuar.  Nuestra experiencia nos dice que es muy poco tiempo y eso hace que realmente se ponga en problemas a la otra parte. Esta tendrá 4 opciones en relación a la demanda:

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  • Decir que no es verdad o que ya ha cumplido; y se celebrará un juicio en relación a esto en un plazo relativamente breve (entre 1 y 2 meses).
  • Allanarse o no hacer nada. En este caso, se obtendrá una resolución judicial que se podrá obligar a cumplir.
  • La parte contraria podrá pedirle al juez que se vea en ese juicio alguna otra cuestión, siempre que esté directamente relacionada y no supere la cuantía de 6000 Euros (en ese caso no podrá reconvenir).
  • Alegar inadecuación de procedimiento. Si es evidente que la valoración de la obligación de hacer excede los 6000 Euros, la contraparte podrá pedir que se estime esa excepción y que se deba ver la cuestión por este procedimiento, más largo y garantista pero también más caro.

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En cualquier caso, habremos conseguido que la otra parte sea vea envuelta en el conflicto judicial, con muy poco coste y riesgo para el que acciona, y permitir que se pueda llegar a una resolución del conflicto, ya sea por sentencia o acuerdo en un periodo relativamente corto de tiempo.

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Os invitamos a contactarnos para una visita presencial en cualquiera de nuestros despachos, o mediante correo electrónico a info@bfpabogados.com     


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Civil
Estimados amigos, 

En esta ocasión, hablaremos nuevamente del tema de las máquinas recreativas y de azar y del incumplimiento contractual por parte de la propietaria de un bar, que llevó a una de las grandes empresas del sector, a confiar en nosotros para reclamar lo que por Derecho le correspondía.

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Así pues, nuestro cliente había suscrito un contrato de instalación y explotación de máquinas recreativas y de azar con la propietaria de un bar de Terrassa, entregándole a cambio de la explotación en exclusiva durante 5 años, la cuantía de 2.500.-€ en concepto de préstamo.

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Tras un año desde la suscripción del contrato, la propietaria del bar cerró, incumpliendo así los 5 años por los que se había acordado la explotación de las máquinas recreativas y de azar por nuestro cliente, y sin devolver la totalidad del préstamo entregado, del cual, solamente había devuelto 430.-€.

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Tras allanarse la demandada en todas las pretensiones de esta parte, es decir, habiendo reconocido como ciertos los hechos por los cuales se la había demandado, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Terrassa, procedió a dar la razón a nuestro cliente, dictando la Sentencia que seguidamente podréis consultar; y en la cual acordó la resolución del contrato suscrito entre las partes, y condenó a la demandada al pago de la cuantía de 21.510.-€; de los cuales, 2.070.-€ correspondían a la cuantía del préstamo pendiente de devolver y 19.440.-€ en concepto de indemnización por daños y perjuicios; más los intereses legales.


Sentencia 109-2019


Para cualquier cuestión adicional, os invitamos a contactarnos para una visita presencial, en cualquiera de nuestros despachos, consultado a nuestros abogados online o mediante correo electrónico a info@bfpabogados.com     



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Penal
Hoy queremos hablaros sobre la preparación del Recurso de Casación Penal, regulada en el art. 855 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Articulo 855 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Antes de nada, hay que saber que el Recurso de Casación Penal, no puede interponerse por cualquier causa, hay que tener en cuenta que el mismo, será resuelto por el Tribunal Supremo, y por ello, hay reservado unos motivos concretos ante los cuales, podremos interponer el Recurso.
Así pues, tendremos que dirigirnos al art. 847 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual nos indica que procede Recurso de Casación.
Articulo 847 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal


a) Por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra.


1.º Las sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.


2.º Las sentencias dictadas por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.


b) Por infracción de ley del motivo previsto en el número 1.º del artículo 849 (infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de ley penal) contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Así, cuando queramos interponer un Recurso de Casación Penal, si se cumplen cualquiera de los motivos mencionados, antes de iniciar el mismo, hay que realizar un paso previo, presentar ante el Tribunal que dictó la Sentencia con la que no estamos conforme, en los cinco días siguientes a haberla recibido, un escrito de preparación del Recurso, a fin de que el mismo, conozca nuestra intención de recurrir.
Articulo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal


Este escrito de preparación, debe de ir suscrito por Abogado y Procurador, y en el mismo, tendremos que solicitar al Tribunal que dictó la Sentencia, un Testimonio de la misma y manifestar en cuales de los motivos que recoge la Ley nos basamos para querer interponer el Recurso.


Una vez presentemos nuestro escrito, el Tribunal tendrá que resolver dentro de los tres días siguientes, teniendo por preparado el recurso, si la Sentencia es recurrible, y emitiendo Testimonio de la misma, o bien, dictando Auto denegando el Recurso.
En caso de que nuestro cliente sea beneficiario del Derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, podemos solicitar que dicha resolución sea directamente remitida a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.


Para el caso de que se considere que hay motivos para recurrir la Sentencia,  el Tribunal emitirá resolución por la que se tendrá por preparado el Recurso, y se mandará al Secretario judicial para que emita en el plazo de 3 días el testimonio de la Sentencia; y una vez expedida, el mismo emplazará a las partes para que comparezcan ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dentro del término improrrogable de 15 días, si se refiere a resoluciones dictadas por Tribunales con sede en la Península; de 20 días, si tienen sede en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de 30, si tienen sede en la Comunidad Autónoma de Canarias o en las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla.


Aquí os dejamos un modelo de escrito de preparación del Recurso de Casación Penal.

No obstante, si os veis en la necesidad de interponer un Recurso de este tipo, no dudéis en poneros en contacto con nuestros despachos de Barcelona o Madrid, en donde nuestros abogados estarán encantados de ayudaros.


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Civil, Penal

Cualquier conductor que tenga que parar en un control de alcoholemia disfruta de una serie de derechos a los que acogerse, pero debe ser consciente de cuales son sus obligaciones y cumplirlas en todo momento. Y es que de este buen cumplimiento depende el buen transcurso de la prueba así como cualquier recurso posterior.

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La primera obligación es, por supuesto, detenerse y someterse al control, aunque existen excepciones que pueden impedir realizar la prueba en ese momento, como por ejemplo sufrir una enfermedad o lesión, en cuyo caso deberemos ser trasladados a un centro sanitario y allí nos realizarán un reconocimiento médico y el análisis. En caso de negarnos al control, incurriríamos en un delito penal, recogido en el Artículo 383 del Código Penal español.

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Una vez detenidos, los agentes nos comunicarán que debemos realizar la prueba, y para ello nos facilitarán una boquilla de un solo uso. Finalizada la prueba, nos comunicarán el resultado de la misma, que marcará los siguientes pasos y supuestos:

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  • Si el resultado de la prueba es inferior al máximo permitido, los agentes permitirán que continuemos nuestra ruta.
  • Si el resultado es superior, nos repetirán la prueba al menos 10 minutos después de la primera.
  • Si la segunda prueba es inferior al máximo permitido, podremos continuar la marcha.
  • Si la segunda prueba es superior, los agentes nos denunciarán e impedirán que sigamos conduciendo el vehículo hasta que el resultado baje del máximo permitido, pudiendo ser conducido por otro conductor que no supere este límite.
  • Si no aceptamos el resultado de la prueba, tenemos el derecho de pedir ser trasladados a un hospital para que nos realicen un análisis de sangre, pero tendremos que pagar esta prueba si el resultado continúa siendo positivo.
  • Si damos positivo y no hay otro conductor que pueda hacerse cargo del vehículo, los agentes podrán inmovilizarlo y hasta retirarlo si dificulta la circulación. El conductor se deberá hacer cargo del gasto de la inmovilización o el traslado del vehículo en caso de que sea necesario.
  • Si el resultado de la prueba sobrepasa el límite estipulado para que sea delito, los agentes nos podrían trasladarnos a comisaría para prestar declaración, trámite que deberemos realizar ante un abogado. Pero lo habitual, es que una vez realizadas las pruebas y si estamos plenamente identificados y disponemos de domicilio conocido, nos permitan marcharnos, previa citación para que acudamos al Juzgado un día concreto para prestar declaración; y tras lo cual, celebrar en el seno de lo que se conoce como juicio rápido, un intento de conformidad que evitaría la celebración de juicio.
  • Por ello es muy importante tener siempre el contacto de un abogado de confianza al que poder llamar en caso de urgencia. En BFP Abogados, nuestros profesionales responderán a su urgencia y se presentarán en comisaría para defender en todo momento sus derechos.

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Es importante ser conscientes que desde que en el año 2014 cambiase la Ley de Seguridad Vial, con la aplicación de la Ley 6/2014 de 7 de abril, las multas por conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas son mucho más severas, con dos tipos de sanciones diferenciadas:

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Sanciones por vía administrativa

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Son aquellas que implican una multa económica, dependiendo de la cantidad del resultado de la prueba:

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  • Entre 0,25 y 0,50 mg/l en aire espirado para los conductores del grupo general y de 0,15 a 0,30 mg/l para profesionales y conductores noveles, la multa será de 500€, así como la pérdida de 4 puntos del carnet de conducir.
  • Más de 0,50 mg/l en aire espirado para los conductores del grupo general y más de 0,30 mg/l para profesionales y conductores noveles, la multa llegará a los 1.000€, y supondrá la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir.
  • Por último, en caso de que el conductor hubiese sido reincidente durante el año anterior, estas cantidades se pueden duplicar.

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Sanciones por vía penal

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Se trata de aquellas que, por la cantidad registrada en la prueba, implica que el conductor pase a disposición judicial. Serán los agentes que realizaron la prueba los que comuniquen el resultado al juzgado, siendo citado el conductor a un juicio rápido, y pudiendo ser detenido si así lo estiman los agentes.

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Esta disposición se realiza siguiendo el Artículo 379 del Código Penal, que indica que el conductor será castigado “con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”, recalcando en su Punto 2 que “en todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro”.

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Por último, es muy importante señalar que si el conductor reconoce los hechos en el juicio rápido, se le puede reducir la condena en un tercio, tanto en la cantidad económica como en el tiempo de retirada de carnet.

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Pero por supuesto, la primera medida que recomendamos desde BFP Abogados es evitar el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes antes de ponerse al volante de cualquier vehículo. En cualquier caso, desde BFP Abogados garantizamos la defensa de nuestros clientes ante cualquier supuesto, y estamos a su entera disposición para cualquier urgencia y responder a sus necesidades cuando requieran de nuestros servicios.

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