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Civil

Hoy hablaremos de las sociedades civiles privadas (SCP) las cuales si bien es cierto que tienen ciertas ventajas sobre otro tipo de sociedades, como puede ser su rápida y poco costosa constitución, ya que no requiere de ninguna formalidad, la misma presenta ciertas desventajas, como es la responsabilidad ilimitada del socio, el cual, puede responder con su patrimonio personal de las deudas contraídas por la sociedad en su actividad empresarial.

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Por ello, nos centramos en un caso que llevó este despacho en el ámbito de las máquinas recreativas, en la que esta vez, los demandados eran una SCP y su representante legal, el cual se había comprometido en el contrato a ser obligado solidario de determinadas cuantías en caso de incumplimiento contractual.

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Ante el incumplimiento contractual llevado a cabo, se dictó Sentencia por la que se condenaba a la parte demandada a abonar a nuestro cliente la cuantía de 34.486,11 € desglosados en las siguientes cuantías: 2.601,70€ correspondientes a la parte no satisfecha del préstamo se otorgó a los demandados; 3.444,41€ correspondientes a la parte proporcional del periodo de exclusiva incumplido de la contraprestación por la cesión de los derechos de exclusiva y 28.440 € como indemnización por daños y perjuicios, de los cuales, estos último, respondería solidariamente el socio de la S.C.P. 

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Posteriormente, se tuvo conocimiento de que dicha SCP estaba formada por otro socio más, y que ambos habían procedido de forma irregular a disolver la misma, frustrando así la ejecución de Sentencia presentada por nuestros abogados a fin de obligarle a su cumplimiento. En consecuencia, solicitamos que se ampliará la obligación de pago al otro socio en virtud del art. 544 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el cual permite la ampliación de la ejecución contra los socios de una sociedad sin personalidad jurídica; habiéndonosla otorgado el Juez.

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Les dejamos el link de las sentencias para que puedan leerla:

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Para cualquier cuestión adicional, os invitamos a contactarnos para una visita presencial en cualquiera de nuestros despachos, o mediante correo electrónico a info@bfpabogados.com

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Civil

Queridos amigos,

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Hoy os vamos a hablar de la solidaridad en el pago de las deudas, un término del que seguramente, habéis oído hablar en infinidad de ocasiones, pero que no sabéis a que hace referencia.

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El pago solidario viene recogido en el artículo 1.145 del código Civil y hace referencia a la posibilidad de pago de la deuda por uno de los codeudores, extinguiéndose así la obligación; y pudiendo posteriormente, el que hizo el pago, reclamar al resto de codeudores la parte que a cada uno de corresponda y con los intereses del anticipo.

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Un ejemplo es una de las importantes y recientes Sentencias obtenidas por los abogados de nuestra marca, BFP Abogados, en que se consiguió que se decretára la resolución del contrato por incumplimiento y se condenara a la propietaria del bar incumplidora del contrato, a pagar la suma de 60.653,67 €, más los intereses y las costas procesales.

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Dicha cuantía debe ser abonada de forma solidaria junto con la otra demandada, la cual, en el contrato se comprometía solidariamente con la propietaria al pago de las cuantías correspondientes en caso de incumplimiento del contrato.

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Les dejamos el link de descarga de la sentencia para que puedan leerla:

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Para cualquier cuestión adicional, os invitamos a contactarnos para una visita presencial en cualquiera de nuestros despachos, o mediante correo electrónico a info@bfpabogados.com

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Civil

Buenos días,

Nos gustaría comentar una nueva Sentencia estimatoria para nosotros en relación al incumplimiento contractual de un contrato de instalación y explotación de máquinas recreativas y de azar; un tema tratado a menudo por este despacho, como especialistas en la materia.

 

Los contratos de instalación y explotación de máquinas recreativas se basan, al igual que en cualquier contrato, en obligaciones recíprocas por las partes.
Así en este tipo de contratos, el bar en cuestión se obliga a ceder de forma exclusiva durante el tiempo que se acuerde, el derecho a instalar y explotar máquinas recreativas solamente a la empresa operadora con la que contrata; repartiéndose entre ambas, según el porcentaje acordado, la recaudación de las máquinas.
A cambio, por lo general, la empresa operadora hace entrega de un préstamo que deberá ser devuelto mediante la entrega de la recaudación que pertenezca al bar hasta su total devolución y en muchas ocasiones, una cuantía a cambio de la exclusiva, que será a fondo perdido siempre y cuando se cumpla por parte del bar con lo pactado.

 

Ante el incumplimiento contractual, según el art. 1124 del Código civil, la parte cumplidora puede optar bien por exigir el cumplimiento del contrato a la parte incumplidora, bien resolver el mismo, con la correspondiente indemnización por daños y perjuicios en ambos casos.

 

Pues bien, en este caso, nuestro cliente es una importante empresa dedicada a la explotación de máquinas recreativas y de azar, la cual, a cambio de la instalación y de la explotación en exclusiva de las mismas en bares, hace entrega de una cuantía de dinero en concepto de préstamo, el cual debe ser devuelto mediante entregas periódicas de un porcentaje de la recaudación de las máquinas.

 

En el caso que hoy os comentamos, nuestro cliente suscribió un contrato con el propietario de un bar, por un periodo de 5 a años, haciéndole entrega de la cuantía de 6.000.-€ de préstamo, el cual debía de ser devuelto mediante la entrega de la recaudación semanal, y con un mínimo de 100.-€ a la semana.

Tras el inesperado cierre del bar, pasados tan solo 9 meses desde la suscripción del contrato, y habiendo devuelto tan solo 303.-€ del préstamo, nuestros abogados interpusieron demanda por incumplimiento contractual del propietario del bar, solicitando se declarase resulto el contrato, y se condenase al mismo al pago de la cuantía pendiente del préstamo (5.697.-€), más la cuantía de 45.990.-€ en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

 

El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Terrassa, dio la razón a esta parte, estimando probado el incumplimiento contractual del bar alegado por esta parte, y condenado así al mismo a pagar las cuantías solicitadas, es decir, un total de 51.687.-€, más los intereses legales y las costas del procedimiento, tal y como podéis ver mediante el siguiente Link, que os da acceso a la Sentencia.

 

Sentencia 44-2018


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Civil

EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y LA OBLIGACIÓN DE HACER COMO PASO PREVIO A LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL.

En nuestro ordenamiento, la regulación del incumplimiento contractual es abundante, como no puede ser de otra forma. Y ello, viene determinado, por la esencia de nuestro derecho civil, que es el derecho de obligaciones.

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El incumplimiento contractual se regula en nuestro ordenamiento en el código civil, concretamente en el art. 1124 que establece:

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“La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos.”


Articulo 1124

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En estos casos los letrados optamos por directamente escoger esta vía a la hora de actuar contra el incumplimiento de otra parte.  Y en muchos casos es la mejor opción, sobretodo, cuando el incumplimiento es el impago de una cantidad de dinero.  Pero que ocurre, cuando el incumplimiento no es el pago, y es por ejemplo, inacabar una obra o servicio, o no completar alguna acción implícita al contrato.

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En la práctica forense, nos encontramos que directamente las partes optan por exigir la indemnización derivada del artículo mencionado.  Y ello aboca a un procedimiento, que se complica, ya que la única opción de defensa del contrario es acreditar que si a cumplido.  Y esto lleva a un pleito arriesgado, donde el que consiga probar el incumplimiento o no será el que lo gane.  Asimismo, estos pleitos son normalmente más costosos y largos, al ser procedimientos ordinarios.

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Pero y si antes de iniciar el proceso vía artículo 1124 CC se explorara la posibilidad de interponer una demanda más sencilla en el que se exija que el incumplidor haga lo que se le pide, con una demanda de juicio verbal con una valoración de la acción inferior a 2000 Euros.

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Un juicio verbal de menos de 2.000 Euros, tiene los siguientes beneficios:

  1. La particularidad de no requerir abogado ni procurador.
  2. En caso de personas jurídicas, abonar una tasa sustancialmente menor que la tasa que se abonaría por un juicio ordinario.
  3. Asimismo, es más rápido y puede provocar incluso la inacción de la contraria por la poca cuantía que se declara al pleito.
  4. La parte contraria solo tiene 10 días para preparar la contestación.
  5. Y la vista se señala más rápido, normalmente en un 2-3 meses desde la interposición.
  6. Las consecuencias pueden tener una gran trascendencia, ya que se puede obtener una declaración de suma importancia, como es que la otra parte haga algo que no quiere hacer.

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Imaginemos que un constructor se obliga a realizar una obra en un piso que consiste en la reforma integral del mismo. Y cuando acaba, el promotor comprueba que existen diversos defectos constructivos, como la instalación de un pavimento inadecuado, y de otro tipo. Y como consecuencia de esto no acaba pagando la cantidad total, reteniendo una parte, que el valora en 10.000 Euros. Esta situación en la mayoría de los casos, acaba en un pleito complicado, normalmente juicio ordinario, en el que una parte reclama el dinero, y la otra se defiende alegando los defectos constructivos para no hacerlo.

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Pero y si analizáramos que podríamos hacer para evitar el pleito complicado. Normalmente, lo primero que harían los abogados sería remitirse burofaxes reflejando ambas posturas.

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Pero y si el promotor remite una demanda de juicio verbal reclamando al constructor que realice las reparaciones necesarias o cambios en la obra, y valora esta obligación de hacer en una cuantía inferior a 2000 Euros.

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Es una demanda sencilla, y que no requiere procurador, por tanto, el coste sería el del abogado.  Pero este coste, también se tiene cuando se envía un burofax, ya que el abogado cobrará honorarios por realizarlo. Asimismo, un burofax no es una simple carta, y un buen abogado, antes de enviarlo deberá analizar toda la documentación y redactarlo, llevará el mismo tiempo que la demanda.

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Asimismo, el burofax se envíe por Correos o por otro de los operadores, tendrá un coste de entre 30 y 40 Euros. La demanda es sin costes, si no se es persona jurídica. Si es persona jurídica, tasa será de 137,75 Euros.

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La demanda que se presenta tardará en recibirla el contrario en un plazo de entre 1-2 meses y le obligará a actuar con rapidez ya que solo tendrá 10 días hábiles para actuar.  Nuestra experiencia nos dice que es muy poco tiempo y eso hace que realmente se ponga en problemas a la otra parte. Esta tendrá 4 opciones en relación a la demanda:

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  • Decir que no es verdad o que ya ha cumplido; y se celebrará un juicio en relación a esto en un plazo relativamente breve (entre 1 y 2 meses).
  • Allanarse o no hacer nada. En este caso, se obtendrá una resolución judicial que se podrá obligar a cumplir.
  • La parte contraria podrá pedirle al juez que se vea en ese juicio alguna otra cuestión, siempre que esté directamente relacionada y no supere la cuantía de 6000 Euros (en ese caso no podrá reconvenir).
  • Alegar inadecuación de procedimiento. Si es evidente que la valoración de la obligación de hacer excede los 6000 Euros, la contraparte podrá pedir que se estime esa excepción y que se deba ver la cuestión por este procedimiento, más largo y garantista pero también más caro.

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En cualquier caso, habremos conseguido que la otra parte sea vea envuelta en el conflicto judicial, con muy poco coste y riesgo para el que acciona, y permitir que se pueda llegar a una resolución del conflicto, ya sea por sentencia o acuerdo en un periodo relativamente corto de tiempo.

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Estimados amigos, 

En esta ocasión, hablaremos nuevamente del tema de las máquinas recreativas y de azar y del incumplimiento contractual por parte de la propietaria de un bar, que llevó a una de las grandes empresas del sector, a confiar en nosotros para reclamar lo que por Derecho le correspondía.

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Así pues, nuestro cliente había suscrito un contrato de instalación y explotación de máquinas recreativas y de azar con la propietaria de un bar de Terrassa, entregándole a cambio de la explotación en exclusiva durante 5 años, la cuantía de 2.500.-€ en concepto de préstamo.

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Tras un año desde la suscripción del contrato, la propietaria del bar cerró, incumpliendo así los 5 años por los que se había acordado la explotación de las máquinas recreativas y de azar por nuestro cliente, y sin devolver la totalidad del préstamo entregado, del cual, solamente había devuelto 430.-€.

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Tras allanarse la demandada en todas las pretensiones de esta parte, es decir, habiendo reconocido como ciertos los hechos por los cuales se la había demandado, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Terrassa, procedió a dar la razón a nuestro cliente, dictando la Sentencia que seguidamente podréis consultar; y en la cual acordó la resolución del contrato suscrito entre las partes, y condenó a la demandada al pago de la cuantía de 21.510.-€; de los cuales, 2.070.-€ correspondían a la cuantía del préstamo pendiente de devolver y 19.440.-€ en concepto de indemnización por daños y perjuicios; más los intereses legales.


Sentencia 109-2019


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