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Civil

EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y LA OBLIGACIÓN DE HACER COMO PASO PREVIO A LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL.

En nuestro ordenamiento, la regulación del incumplimiento contractual es abundante, como no puede ser de otra forma. Y ello, viene determinado, por la esencia de nuestro derecho civil, que es el derecho de obligaciones.

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El incumplimiento contractual se regula en nuestro ordenamiento en el código civil, concretamente en el art. 1124 que establece:

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“La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos.”


Articulo 1124

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En estos casos los letrados optamos por directamente escoger esta vía a la hora de actuar contra el incumplimiento de otra parte.  Y en muchos casos es la mejor opción, sobretodo, cuando el incumplimiento es el impago de una cantidad de dinero.  Pero que ocurre, cuando el incumplimiento no es el pago, y es por ejemplo, inacabar una obra o servicio, o no completar alguna acción implícita al contrato.

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En la práctica forense, nos encontramos que directamente las partes optan por exigir la indemnización derivada del artículo mencionado.  Y ello aboca a un procedimiento, que se complica, ya que la única opción de defensa del contrario es acreditar que si a cumplido.  Y esto lleva a un pleito arriesgado, donde el que consiga probar el incumplimiento o no será el que lo gane.  Asimismo, estos pleitos son normalmente más costosos y largos, al ser procedimientos ordinarios.

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Pero y si antes de iniciar el proceso vía artículo 1124 CC se explorara la posibilidad de interponer una demanda más sencilla en el que se exija que el incumplidor haga lo que se le pide, con una demanda de juicio verbal con una valoración de la acción inferior a 2000 Euros.

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Un juicio verbal de menos de 2.000 Euros, tiene los siguientes beneficios:

  1. La particularidad de no requerir abogado ni procurador.
  2. En caso de personas jurídicas, abonar una tasa sustancialmente menor que la tasa que se abonaría por un juicio ordinario.
  3. Asimismo, es más rápido y puede provocar incluso la inacción de la contraria por la poca cuantía que se declara al pleito.
  4. La parte contraria solo tiene 10 días para preparar la contestación.
  5. Y la vista se señala más rápido, normalmente en un 2-3 meses desde la interposición.
  6. Las consecuencias pueden tener una gran trascendencia, ya que se puede obtener una declaración de suma importancia, como es que la otra parte haga algo que no quiere hacer.

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Imaginemos que un constructor se obliga a realizar una obra en un piso que consiste en la reforma integral del mismo. Y cuando acaba, el promotor comprueba que existen diversos defectos constructivos, como la instalación de un pavimento inadecuado, y de otro tipo. Y como consecuencia de esto no acaba pagando la cantidad total, reteniendo una parte, que el valora en 10.000 Euros. Esta situación en la mayoría de los casos, acaba en un pleito complicado, normalmente juicio ordinario, en el que una parte reclama el dinero, y la otra se defiende alegando los defectos constructivos para no hacerlo.

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Pero y si analizáramos que podríamos hacer para evitar el pleito complicado. Normalmente, lo primero que harían los abogados sería remitirse burofaxes reflejando ambas posturas.

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Pero y si el promotor remite una demanda de juicio verbal reclamando al constructor que realice las reparaciones necesarias o cambios en la obra, y valora esta obligación de hacer en una cuantía inferior a 2000 Euros.

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Es una demanda sencilla, y que no requiere procurador, por tanto, el coste sería el del abogado.  Pero este coste, también se tiene cuando se envía un burofax, ya que el abogado cobrará honorarios por realizarlo. Asimismo, un burofax no es una simple carta, y un buen abogado, antes de enviarlo deberá analizar toda la documentación y redactarlo, llevará el mismo tiempo que la demanda.

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Asimismo, el burofax se envíe por Correos o por otro de los operadores, tendrá un coste de entre 30 y 40 Euros. La demanda es sin costes, si no se es persona jurídica. Si es persona jurídica, tasa será de 137,75 Euros.

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La demanda que se presenta tardará en recibirla el contrario en un plazo de entre 1-2 meses y le obligará a actuar con rapidez ya que solo tendrá 10 días hábiles para actuar.  Nuestra experiencia nos dice que es muy poco tiempo y eso hace que realmente se ponga en problemas a la otra parte. Esta tendrá 4 opciones en relación a la demanda:

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  • Decir que no es verdad o que ya ha cumplido; y se celebrará un juicio en relación a esto en un plazo relativamente breve (entre 1 y 2 meses).
  • Allanarse o no hacer nada. En este caso, se obtendrá una resolución judicial que se podrá obligar a cumplir.
  • La parte contraria podrá pedirle al juez que se vea en ese juicio alguna otra cuestión, siempre que esté directamente relacionada y no supere la cuantía de 6000 Euros (en ese caso no podrá reconvenir).
  • Alegar inadecuación de procedimiento. Si es evidente que la valoración de la obligación de hacer excede los 6000 Euros, la contraparte podrá pedir que se estime esa excepción y que se deba ver la cuestión por este procedimiento, más largo y garantista pero también más caro.

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En cualquier caso, habremos conseguido que la otra parte sea vea envuelta en el conflicto judicial, con muy poco coste y riesgo para el que acciona, y permitir que se pueda llegar a una resolución del conflicto, ya sea por sentencia o acuerdo en un periodo relativamente corto de tiempo.

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Os invitamos a contactarnos para una visita presencial en cualquiera de nuestros despachos, o mediante correo electrónico a info@bfpabogados.com     


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Civil
Estimados amigos, 

En esta ocasión, hablaremos nuevamente del tema de las máquinas recreativas y de azar y del incumplimiento contractual por parte de la propietaria de un bar, que llevó a una de las grandes empresas del sector, a confiar en nosotros para reclamar lo que por Derecho le correspondía.

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Así pues, nuestro cliente había suscrito un contrato de instalación y explotación de máquinas recreativas y de azar con la propietaria de un bar de Terrassa, entregándole a cambio de la explotación en exclusiva durante 5 años, la cuantía de 2.500.-€ en concepto de préstamo.

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Tras un año desde la suscripción del contrato, la propietaria del bar cerró, incumpliendo así los 5 años por los que se había acordado la explotación de las máquinas recreativas y de azar por nuestro cliente, y sin devolver la totalidad del préstamo entregado, del cual, solamente había devuelto 430.-€.

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Tras allanarse la demandada en todas las pretensiones de esta parte, es decir, habiendo reconocido como ciertos los hechos por los cuales se la había demandado, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Terrassa, procedió a dar la razón a nuestro cliente, dictando la Sentencia que seguidamente podréis consultar; y en la cual acordó la resolución del contrato suscrito entre las partes, y condenó a la demandada al pago de la cuantía de 21.510.-€; de los cuales, 2.070.-€ correspondían a la cuantía del préstamo pendiente de devolver y 19.440.-€ en concepto de indemnización por daños y perjuicios; más los intereses legales.


Sentencia 109-2019


Para cualquier cuestión adicional, os invitamos a contactarnos para una visita presencial, en cualquiera de nuestros despachos, consultado a nuestros abogados online o mediante correo electrónico a info@bfpabogados.com     



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Civil, Penal

Cualquier conductor que tenga que parar en un control de alcoholemia disfruta de una serie de derechos a los que acogerse, pero debe ser consciente de cuales son sus obligaciones y cumplirlas en todo momento. Y es que de este buen cumplimiento depende el buen transcurso de la prueba así como cualquier recurso posterior.

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La primera obligación es, por supuesto, detenerse y someterse al control, aunque existen excepciones que pueden impedir realizar la prueba en ese momento, como por ejemplo sufrir una enfermedad o lesión, en cuyo caso deberemos ser trasladados a un centro sanitario y allí nos realizarán un reconocimiento médico y el análisis. En caso de negarnos al control, incurriríamos en un delito penal, recogido en el Artículo 383 del Código Penal español.

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Una vez detenidos, los agentes nos comunicarán que debemos realizar la prueba, y para ello nos facilitarán una boquilla de un solo uso. Finalizada la prueba, nos comunicarán el resultado de la misma, que marcará los siguientes pasos y supuestos:

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  • Si el resultado de la prueba es inferior al máximo permitido, los agentes permitirán que continuemos nuestra ruta.
  • Si el resultado es superior, nos repetirán la prueba al menos 10 minutos después de la primera.
  • Si la segunda prueba es inferior al máximo permitido, podremos continuar la marcha.
  • Si la segunda prueba es superior, los agentes nos denunciarán e impedirán que sigamos conduciendo el vehículo hasta que el resultado baje del máximo permitido, pudiendo ser conducido por otro conductor que no supere este límite.
  • Si no aceptamos el resultado de la prueba, tenemos el derecho de pedir ser trasladados a un hospital para que nos realicen un análisis de sangre, pero tendremos que pagar esta prueba si el resultado continúa siendo positivo.
  • Si damos positivo y no hay otro conductor que pueda hacerse cargo del vehículo, los agentes podrán inmovilizarlo y hasta retirarlo si dificulta la circulación. El conductor se deberá hacer cargo del gasto de la inmovilización o el traslado del vehículo en caso de que sea necesario.
  • Si el resultado de la prueba sobrepasa el límite estipulado para que sea delito, los agentes nos podrían trasladarnos a comisaría para prestar declaración, trámite que deberemos realizar ante un abogado. Pero lo habitual, es que una vez realizadas las pruebas y si estamos plenamente identificados y disponemos de domicilio conocido, nos permitan marcharnos, previa citación para que acudamos al Juzgado un día concreto para prestar declaración; y tras lo cual, celebrar en el seno de lo que se conoce como juicio rápido, un intento de conformidad que evitaría la celebración de juicio.
  • Por ello es muy importante tener siempre el contacto de un abogado de confianza al que poder llamar en caso de urgencia. En BFP Abogados, nuestros profesionales responderán a su urgencia y se presentarán en comisaría para defender en todo momento sus derechos.

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Es importante ser conscientes que desde que en el año 2014 cambiase la Ley de Seguridad Vial, con la aplicación de la Ley 6/2014 de 7 de abril, las multas por conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas son mucho más severas, con dos tipos de sanciones diferenciadas:

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Sanciones por vía administrativa

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Son aquellas que implican una multa económica, dependiendo de la cantidad del resultado de la prueba:

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  • Entre 0,25 y 0,50 mg/l en aire espirado para los conductores del grupo general y de 0,15 a 0,30 mg/l para profesionales y conductores noveles, la multa será de 500€, así como la pérdida de 4 puntos del carnet de conducir.
  • Más de 0,50 mg/l en aire espirado para los conductores del grupo general y más de 0,30 mg/l para profesionales y conductores noveles, la multa llegará a los 1.000€, y supondrá la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir.
  • Por último, en caso de que el conductor hubiese sido reincidente durante el año anterior, estas cantidades se pueden duplicar.

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Sanciones por vía penal

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Se trata de aquellas que, por la cantidad registrada en la prueba, implica que el conductor pase a disposición judicial. Serán los agentes que realizaron la prueba los que comuniquen el resultado al juzgado, siendo citado el conductor a un juicio rápido, y pudiendo ser detenido si así lo estiman los agentes.

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Esta disposición se realiza siguiendo el Artículo 379 del Código Penal, que indica que el conductor será castigado “con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años”, recalcando en su Punto 2 que “en todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro”.

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Por último, es muy importante señalar que si el conductor reconoce los hechos en el juicio rápido, se le puede reducir la condena en un tercio, tanto en la cantidad económica como en el tiempo de retirada de carnet.

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Pero por supuesto, la primera medida que recomendamos desde BFP Abogados es evitar el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes antes de ponerse al volante de cualquier vehículo. En cualquier caso, desde BFP Abogados garantizamos la defensa de nuestros clientes ante cualquier supuesto, y estamos a su entera disposición para cualquier urgencia y responder a sus necesidades cuando requieran de nuestros servicios.

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Laboral

Aunque pueda parecer raro, todavía es muy frecuente encontrarnos en el sector de la construcción y auxiliares de este, plazos de pago superiores a los 60 días. De hecho, es muy habitual encontrarnos con subcontratas que reciben el pago de sus facturas a 180 días.
Y no será infrecuente que, en reclamaciones de facturas impagadas con plazos de pago de 180 días, me contesten algunos compañeros abogados por escrito; ya sea por burofax o incluso, en escritos judiciales, que no procede la reclamación porque todavía no se ha producido el vencimiento de la factura.

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Pues bien, para aclararlo y para ilustrar a muchos empresarios y comerciantes, deben saber que la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, recoge expresamente que no se podrán pactar plazos de pago superiores a 60 días (art.4). Y recientemente el Tribunal Supremo, por sentencia de 19 de mayo de 2017, ha venido a determinar que ese límite tiene carácter obligatorio, y por ello, ningún pacto puede ampliarlo.

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Esto viene a decir, que por mucho que un contrato recoja que el plazo de pago será superior a 60 días y por mucho que este contrato esté firmado por ambas partes, dicho pacto es nulo, y se entenderá por inexistente.

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En este caso, podría resultar contrario a lo que los juristas llamamos “a los propios actos”, ya que el perjudicado por el plazo de pago excesivo, normalmente suscribe el contrato; y también, habrá venido aceptando ya sea de forma expresa o no, el plazo de pago. Pero lo que nos ha dicho el Alto Tribunal, en sendas sentencias de 23 de noviembre de 2016 y de 19 de mayo de 2017, es que este hecho, no permitirá avalar un plazo de pago superior al que obligatoriamente ha establecido la ley.

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Si estáis leyendo esto y os encontráis atrapados en una relación comercial con un cliente o contratista que os paga a mayor plazo, seguro que pensaréis: ¿Cómo puedo obligarle a pagarme en dicho plazo?

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Y os debo reconocer que me resultará difícil contestar a esta pregunta. Ya que está claro que, si se le reclama un plazo de pago inferior, este puede dejar de contratarnos.

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Pero lo que no se piensa es que, normalmente estas relaciones suelen alargarse en el tiempo; y como todas, acaban con el paso del tiempo. Y es en ese momento, cuando nos asaltará la pregunta de si podremos reclamarle los intereses de todo el periodo anterior. Es decir, el pagador que ha ido incumpliendo la ley y sistemáticamente, por ejemplo, nos ha ido pagando a 180 días. Cada factura habrá generado un interés de demora desde el día 61 al día 180 en el que se produce el pago. Y teniendo en cuenta que la ley establece un tipo de interés de 8 puntos porcentuales superior al tipo fijado por el Banco Central Europeo, las cantidades pueden ser nada despreciables.

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Asimismo, en cuanto al tiempo desde el que se podrán reclamar estos intereses (prescripción), deberemos ir al plazo general del Código Civil (art. 1966.3) que establece un plazo de 5 años para este tipo de reclamaciones (este plazo se reduce a 3 años en Catalunya por la aplicación del derecho foral propio).

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Por ello, si tiene una factura con un vencimiento a 120 días o a 180 días, sepa que desde que se cumplan los primeros 60, podrá reclamar su pago y además podrá reclamar los intereses moratorios (de hasta 8 puntos porcentuales adicionales al tipo del BCE) y hasta 5 años después de haberse producido.

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